Ahora, mientras pasa sus días trabajando en el taller mecánico de la comisaría de Pilar, sin control operativo ni hombres a su cargo, el comisario Pablo Márquez espera un juicio en su contra y recuerda, con algo de nostalgia, aquel “colchoncito” que tanto usaba cuando fue jefe, en 2011, del Distrito 8 del CAP.

“Traten de hacer el colchoncito antes de las ocho de la noche, así se pueden ir a sus casas tranquilos”, les decía, evitando el tono amenazante, a sus hombres. El jefe se refería a la base o piso de 7 u 8 detenciones diarias por móvil, que el comisario exigía “para hacer número” y mostrar eficiencia ante los superiores.

Para eso estimulaba el uso del Código de Faltas, sin importar si las detenciones eran “provocadas” por el propio uniformado. “Si no llevábamos números, nos recargaba con ocho horas más de trabajo” recuerda en diálogo con El Argentino el sargento Cesar Calvo, el primero de los tres efectivos que lo denunció. En sus meses de gloria llegó a aplicar un sistema de premios con “empleado del mes”. “No se premiaba el mérito, se premiaban los números, la producción, como en Mac Donald´s”, dice ahora Calvo. Según el sargento, los tres artículos más usados eran “merodeo”, estado de “ebriedad”, o el propio policía podía provocar al futuro detenido para que cometa “desorden en la vía pública”.

La última demanda contra Márquez fue presentada en noviembre de 2011. Según las estadísticas de la Unidad de Contención del Aprehendido (UCA) Norte, depositario de los detenidos del Distrito 8, en marzo de 2012 la cifra de contraventores había bajado de 400 a 150 por mes. Pero esa reducción, fue, para muchos, solo una reacción ante el temor de nuevas denuncias. Las últimas cifras del Ministerio de Seguridad de la Provincia pertenecen a 2011, y fueron oficializadas el año pasado. Ese año, sólo en Capital, hubo 42.700 detenciones por Código de Faltas, un 58 por ciento más que en 2009. Para exigir por el cese de las detenciones arbitrarias, el 20 de noviembre se hará en Córdoba la séptima Marcha de la Gorra, organizada por el Colectivo de Jóvenes.

Márquez será juzgado por la comisión de los delitos de abuso de autoridad reiterado y coacción. En su contra, al menos 13 efectivos declararon ante el fiscal Pablo Molina, que elevó a juicio su caso. En agosto último, un juez de control pidió “que se siga investigando para agregar más prueba”. Se trata de establecer el nivel de conocimiento que tenían los superiores que fueron nombrados por los testigos.

El comisario del “colchoncito” llegó en 2012 a Pilar, para ocupar el cargo más alto. Con total impunidad, Márquez siguió aplicando su sistema de eficiencia. Hasta que en marzo de este año, una jueza de Rió Segundo presentó un recurso de hábeas corpus a favor de un albañil, para que no lo sigan deteniendo. El joven era perseguido en la jurisdicción a su cargo.

Ahora Márquez está “congelado” en el taller mecánico, pero el Tribunal de Conducta Policial no tomó medidas contra él, sino, justamente, contra sus denunciantes.