Por Lucas Crisafulli*.

Desde el inicio del mandato del gobernador José Manuel De la Sota en 1999, la seguridad ha sido fuente convocante y uno de los ejes centrales de sus discursos. Sin embargo, pese al esfuerzo discursivo y el despilfarro de recursos, Córdoba es una provincia donde la seguridad, en estos quince años y bajo el paradigma de la tolerancia cero, ha sido fuente de inseguridades: violencia institucional, narco-escándalo, saqueos, auto-acuartelamiento policial, altos índices de homicidios y robos, detenciones masivas por Código de Faltas entre otras.

El núcleo del discurso del gobernador en la apertura de las sesiones legislativas estuvo centrado, una vez más, en la seguridad. Sin embargo, a diferencia de otros años, como cuando propuso aumentar las penas para quien arroje bombas de estruendo o queme cubiertas, no planteó más punición. Entendemos que son cambios muy superficiales, pero celebramos que el discurso no se haya endurecido, como venía sucediendo año tras año.

El gobierno provincial, tardía y lentamente, comienza a entender que seguridad no es poner más policías en las calles, darle mejores armas, comprar patrulleros y detener masivamente a jóvenes de los sectores populares por portación de rostro. Dicha política ha demostrado su rotundo fracaso, tanto en la conjuración del delito como en el respeto por las libertades individuales. Pero por sobre todo, este leve giro discursivo da cuenta de la falta de legitimidad social de la visión retrógrada que se tenía por seguridad.

Los cambios propuestos para el Código de Faltas, en los que se les quita a los comisarios la facultad de juzgamiento, es advertir que, tal como está redactado y aplicado, el Código es una herramienta de arbitrariedad policial. Setenta y dos mil jóvenes por año padecieron tras las rejas, sin abogado que los defienda ni juez que los juzgue, el desatino político de nuestro gobernador.

También propone que las detenciones por merodeo sean la consecuencia de una denuncia previa de una persona identificable. Si bien en ello puede producir menores detenciones por esa falta, no asegura que no aumenten por otras figuras vagas y ambiguas que no requieren denuncia previa, como la negativa a identificarse o los escándalos en la vía pública. Ello sin contar que traslada el racismo que antes ejercía directamente la policía, a los ciudadanos, los que deberán identificar quién es un ciudadano respetable que pasea y requiere protección y quién un merodeador sospechoso que merece la prisión. El merodeo, entonces, no deja de ser arbitrario e inconstitucional por existir una denuncia previa.

El gobernador también propone una ley antimotines para la policía, penando con cesantía o exoneración a policías que se insubordinen. Claramente no repasó sobre la legislación vigente en Córdoba. El decreto 1753/03 que reglamenta la ley del Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, firmado por el propio De la Sota, estipula en su artículo 15 inciso 16 que será falta gravísima (penada con arresto hasta sesenta días, suspensión hasta cuarenta días, cesantía o exoneración) “La insubordinación o instigación a cometerla”.

Otro de los cambios, luego del narcoescándalo, es la creación de la Fuerza Policial Antinarcóticos bajo la órbita directa del Fiscal General, quien tendrá por función el nombramiento y remoción de los jefes policiales en esa sección. Cabe aclarar que el Fiscal General es un funcionario elegido por el propio gobernador, por lo que poco cambia en materia de policía contra el narcotráfico.

Se celebra el Consejo de Bienestar Policial para que la tropa pueda plantear sus reclamos laborales, así como el control civil de las fuerzas de seguridad, aunque esta última medida queda a mitad de camino al escuchar la opinión ciudadana sólo para los ascensos policiales.

Crea el programa “Confiamos en Vos” para la inclusión de jóvenes de 14 a 24 años que no estudian ni trabajan. Paradójicamente es el segmento más afectado por las detenciones por Código de Faltas. Una buena medida sería confiar también en esos jóvenes cuando transitan por el centro de la ciudad, pues la inclusión comienza siempre en libertad.

Aunque sin la intención directa de hacerlo, la policía desestabilizó el gobierno en diciembre. Por ello, se esperaban cambios más estructurales y profundos de la fuerza de seguridad, y no simplemente parches en un sistema de seguridad deficiente y costoso.

En síntesis, las medidas propuestas por el gobernador se quedan a mitad de camino por no tener un plan integral de seguridad que comprenda la democratización de la policía, proceso urgente tras el motín y posteriores saqueos. No atiende los reclamos de las organizaciones sociales en materia de Código de Faltas, manteniendo la inexistencia de defensores públicos provistos por el Estado.

Los hechos sucedidos en Córdoba son prueba suficiente de la necesidad de cambiar el discurso, las políticas y las prácticas en materia de seguridad. El desafío está en la voluntad política de nuestros gobernantes de vivir con más y mejor democracia.

* Abogado. Docente y Miembro del Observatorio en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba.