En apenas cien días, la Policía de Córdoba detuvo a 668 personas en 31 “operativos de saturación”. La gran mayoría de esas razzias fueron en barrios periféricos o villas de la capital cordobesa, y los detenidos, en muy pocos casos, era sospechosos de algún delito. En tanto, en los últimos 14 meses, 82 personas fueron detenidas y judicializadas en 9 protestas sociales y conflictos por tierras. Los datos surgen de trabajo denominado “Criminalización de la pobreza y judicialización de las luchas políticas/sociales”, presentado recientemente por el colectivo “El llano en llamas”, integrado por investigadores del la Universidad Católica de Córdoba y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional (UNC).

“Tal como lo expresan estos datos, las metodologías de la seguridad acuñadas en el marco de la “tolerancia cero” son en realidad estrategias de intolerancia selectiva, pues no implican una aplicación más rigurosa de todas las leyes, sino más bien una imposición extremadamente discriminatoria sobre específicos grupos de personas y zonas simbólicas, o connotadas como zonas rojas”, define el estudio.

Los docentes e investigadores tomaron como base los operativos realizados entre el 13 de febrero y el 28 de mayo, y advierten sobre la inusitada violencia aplicada en las políticas represivas del Gobierno provincial. “Ya no se trata de perseguir y actuar frente a la comisión de un delito, sino que la fuerza policial configura un accionar claramente dirigido a los sectores populares”, afirma.

Para los especialistas, desde las jornadas de paro policial vividas el 3 y 4 de diciembre, en Córdoba se extendió el uso de “operativo saturación o razzia, que incluyen controles permanentes en puentes y vías principales de circulación, retención masiva de motocicletas y mega allanamientos periódicos en barrios populares y villas. Éstos suponen una metodología de ocupación territorial, lo cual implica que no hay una dirección específica de dicha intervención, sino que presupone a todos los habitantes –incluyendo a niños y adultos mayores– como sospechosos”.

Entre los datos mensurados, el estudio releva el uso de “corralitos” para retener a detenidos, utilizados en 23 de 31 operativos y llama la atención sobre su uso: “Esta metodología, sin efecto alguno para la seguridad pública o de los detenidos, parece ser más bien un esquema perverso con el que la fuerza policial intenta mostrar su efectividad y la legitimidad de su accionar”.

Operativos humillación

Tras el acuartelamiento de 3 y 4 de diciembre, cobraron fuerza los operativos de saturación policial, como estrategia disuasiva o preventiva. Entre el 13 febrero y el 28 mayo se realizaron 31 operativos, uno cada 3 días. El 94% se concretó en barrios de la capital provincial, mientras que solo dos tuvieron lugar en las ciudades de La Calera y Villa Allende, ubicadas en el área metropolitana hacia el noroeste de la ciudad capital. Según el estudio, casi la totalidad se realizó en barrios populares o villas.

En esos procedimientos la fuerza de seguridad detuvo a 668 personas, más de ochenta por ciento no fue imputado de delitos.

En 23 de los casos, usaron “corralitos” para exponer a los detenidos en la vía pública, según los expertos “un método perverso”.

La violencia institucional va en incremento. En abril dio el salto, pasando de 77 detenidos en marzo a 279 en abril y 280 en mayo.

Palos para la protesta

Para los integrantes de “El llano en llamas”, en Córdoba hay un “alto nivel de criminalización de los reclamos y luchas sociales”.

De abril de 2013 a junio de 2014 se registraron 9 conflictos o protestas sociales, de donde resultaron detenidas 82 personas. Una media de 9 detenidos y/o judicializados por conflicto, y casi 6 por mes.

El 67 % de los conflictos tiene prioritariamente como escenario a la ciudad de Córdoba, donde también se dan la mayoría de las detenciones. A su vez, las comisarias Cuarta y Primera son las que concentran mayor cantidad de detenciones y judicializaciones en protestas.

Según los especialistas, las protestas cuyo ejes de conflicto son “la represión y arbitrariedad policial y respecto del ambiente y el modelo económico” han sido las más criminalizadas, mientras que las organizadas alrededor de derechos más tradicionales, como educación y trabajo no recibieron la misma respuesta.

A su vez, en el caso de la criminalización de la protesta, la mayoría de los casos judicializados ha sido acompañado por la privación de la libertad.

Conflicto por tierras

Para el informe se relevaron ocho conflictos por la tenencia de las tierras en la provincia, en los últimos 14 meses.

Según un estudio del mismo grupo, en Córdoba hay un déficit habitacional del 50 por ciento. Ante esa crisis, la respuesta estatal ha sido el castigo y la represión.

En este tiempo, fueron imputadas del delito de usurpación 319 personas en toda la provincia. Mientras que la criminalización de la protesta tiene un porcentaje mayor de detenidos, las luchas por la tierra les corresponden un mayor número de judicializados.

A diferencia de la criminalización de la pobreza, en los conflictos por tierras la mayoría de las víctimas son de zonas periurbanas o rurales. En el más reciente conflicto de Juárez Celman ya se imputó a 267 personas, una por parcela.