Una normativa sin precedentes para Córdoba se aprobó ayer en la Legislatura Unicameral. Se trata de la ley que crea una licencia por violencia de género para las empleadas provinciales, que podrán extender por un plazo de hasta 30 días por año y renovarse como consecuencia del padecimiento de violencia familiar, de género o contra la mujer, en los términos previstos por la Ley Nº 9283 y las Leyes Nacionales Nº 26.485 y Nº 26.743.

Por el momento, podrán acceder a esta licencia las trabajadoras provinciales dependientes del Poder Legislativo, Poder Judicial y del ámbito del Poder Ejecutivo, ya sea de la administración centralizada y descentralizada.

Sin embargo, la normativa invita a otros niveles del Estado a aplicarla, como los municipios y comunas. Cada organismo deberá reglamentar su aplicación de acuerdo a los distintos regímenes laborales.

El proyecto que se votó por mayoría, reunió las propuestas de Liliana Montero, Graciela Sánchez, Nancy Lizzul y Carlos Roffé; y la de José Pihen y Amelia Chiófalo.

La normativa resuelve un vacío legal que existía en los casos en que las mujeres víctimas de violencia de género debían justificar sus ausencias laborales. Hasta el momento, debían buscar otras vías para hacerlo. “Es responsabilidad del Estado de permitir visualizar esta problemática social sin disfrazarla y de garantizar la estabilidad laboral”, fundamenta la ley.

Antedecentes

En julio de 2014 una docente de la provincia de Chubut fue la primera en acceder a una licencia por violencia de género. La mujer había terminado en el hospital por las heridas que sufrió tras el ataque de su pareja. La provincia estrenó así una nueva reglamentación, por entonces única en el país.